Duelo de movimientos rivales sobre el futuro de Brasil

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En las últimas semanas, los principales medios de comunicación han reproducido la narrativa de que la crisis política en Brasil es el resultado de la corrupción interna y la falta de crecimiento económico en el último año, cuestión que se ha atribuído al Partido de los Trabajadores, o PT. Las acusaciones de corrupción fueron vertidas por una investigación — conocida como Lava Jato, o Limpieza de Coche — que mantiene que existe un número de directores de la compañía petrolera estatal Petrobras acusados de aceptar sobornos de empresas constructoras y de canalizar fondos a los partidos de la coalición gobernante. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es que Brasil está viviendo, una vez más, una división histórica. Una parte de la población quiere girar a la izquierda y otra a la derecha.

La compleja situación es mucho más ideológica que la mayoría de los comentaristas reconocen. Algunos creen que la presidenta Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores no han estado siguiendo los dictados del neoliberalismo con suficiente atención, mientras que otros sostienen lo contrario — que las corporaciones tienen demasiado poder.

Las últimas elecciones presidenciales brasileñas tuvieron lugar en Octubre de 2014. La presidenta Rousseff fue reelegida en una segunda vuelta contra su contrincario Aécio Neves — líder del PSDB, el partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Este partido se originó como un partido de izquierda socialdemócrata pero llegó a ser uno de los principales representantes del lobby bancario y de las políticas de consenso de Washington en el país. La elección fue una victoria estrecha para Rousseff, y algunos sostienen que no habría sido reelegida si los movimientos sociales de izquierda no se hubiesen decidido a apoyarla en el último minuto — como lo hicieron — cuando se enfrentaban a la posibilidad de tener retrocesos neoliberales a su cargo.

Mientras los movimientos sociales tuvieron éxito ayudando a reelegir a la presidenta Rousseff, los resultados de las elecciones legislativas fueron un desastre para los que luchan por la justicia social. Brasil eligió al Congreso más conservador y a favor de la empresa desde el fin de la dictadura militar en la década de 1980. En sus primeros seis meses la cámara baja ultraconservadora ha votado en contra de poner fin a la financiación de campañas políticas por parte de empresas, y en favor del aumento de la externalización de servicios, la reducción de la edad penal de 18 a 16 años de edad, y finalmente, el 12 de agosto, una ley antiterrorista que abre el camino a una mayor criminalización de los movimientos sociales. Pero todavía no han terminado: han conseguido pasar dos proyectos de ley contra los que los movimientos sociales han luchado durante años: uno en relación a la neutralidad de la red y otro en relación a la limitación de la venta y uso de armas por parte de civiles. Ambos son los siguientes a revisar en la legislatura.

La situación no es sencilla. Si bien es cierto que los gobiernos del Partido de los Trabajadores han sido los responsables de importantes avances relacionados con la justicia social desde el primer mandato el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado en 2002, también han seguido recetas neoliberales en materia económica y financiera. Los movimientos sociales no se encuentran particularmente satisfechos de que los beneficios empresariales se hayan disparado mientras que muchas personas todavía luchan por la comida, la educación básica, la vivienda, el transporte y la salud. Además, los conflictos por la tierra, que de manera desproporcionada victimizan a los más vulnerables — poblaciones pobres, negros e indígenas — tanto en las zonas rurales como en las urbanas se están intensificando.

Un enfrentamiento ideológico

Hay un montón de razones para que los brasileños se sientan descontentos con el estado actual de las cosas. Ambos grupos, de derecha y de izquierda, han llevado sus reclamos a las calles. La izquierda en Brasil — como en la mayoría de las partes del mundo — es diversa, fragmentada y, a menudo, está bastante en desacuerdo con las tácticas y estrategias a seguir. Movimientos sociales organizados — incluyendo sindicatos, estudiantes, Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, o MST, y los Sin Hogar, o MTST — han estado protestando sin parar desde junio de 2013, cuando las protestas por el transporte gratuíto llevaron a millones de personas a las calles. Estas marchas predominantemente de color rojo atrayeron menos atención de los medios de comunicación. Aunque no sean necesariamente a favor del gobierno, sin duda están en contra del proceso de prevaricación que ha sido demandado por la oposición conservadora amiga de las corporaciones.

A pesar de no estar siempre de acuerdo sobre la forma de posicionarse en relación con el presidente o la coalición de gobierno, los movimientos tienden a ponerse de acuerdo sobre cuestiones relacionadas con la justicia social, la necesidad de una mejor distribución de la riqueza, la reforma agraria, la desmilitarización de la policía, la democratización de los medios de comunicación, y el fin de la financiación corporativa de las campañas políticas — cuestiones que podríamos decir contribuirían a un país más de izquierdas. Ni que decir tiene que los bancos de propiedad privada y la mayoría de las corporaciones multinacionales no apoyan tal giro.

Por otro lado, las protestas a favor de la destitución, que a menudo exigen el retorno del régimen militar, han llamado la atención por su uso nacionalista de los colores verde y amarillo de la bandera de Brasil y por cómo sus militantes llevan camisetas de la selección nacional de fútbol. Estos eventos han sido liderados por grupos de derecha ultraconservadora, aunque hay grupos contrarios al gobierno que no se ajustan a esta descripción. Las protestas parecen ser una respuesta al crecimiento de los movimientos sociales de izquierda en las calles y las políticas dirigidas directamente a los más necesitados.

Si se analizan detenidamente los números y frecuencia de las acciones, es difícil decir si las protestas rojas son más pequeñas o más grandes que las de sus contrapartes verdes y amarillos. En cuanto al perfil socioeconómico de los participantes, los que están en las protestas contra el gobierno son predominantemente gente blanca y de clase media o media alta, mientras que los participantes anti-destitución y pro-protestas sociales tienden a ser predominantemente de clase trabajadora, con muchos participantes negros, de raza mixta e indígenas. Quizás sea por ello que las protestas parecen estar haciéndose eco de los resultados ajustados de las últimas elecciones nacionales. Algunos de los puntos clave en disputa en las elecciones están, una vez más, debatiéndose.

Lo que la cobertura nacional e internacional convencional no ha reconocido es que las marchas pro-destitución a menudo se asemejan demasiado a las manifestaciones pro-fascistas y dictatoriales en la medida en que alaban discursos racistas, misóginos y agresivos. El número de personas que piden un golpe militar está minimizado aunque los grupos más prominentes que lideran estas marchas abiertamente defiendan este enfoque. Algunos de ellos se han puesto en contacto muy de cerca con la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos en su cruzada por aumentar la militarización y el uso de armas de fuego entre la población civil en Brasil.

Brasil ha sido reconocida internacionalmente por su programa de transferencia condicional de dinero — principal logro del Partido de los Trabajadores desde 2002 — que rescató de la pobreza extrema a más de 20 millones de personas desde sus inicios. Independientemente de este hecho, existe una opinión generalizada entre las clases media y media-alta acerca que el programa es un intento populista de garantizar que el Partido de los Trabajadores se mantenga en el poder. Para los sectores más conservadores de la sociedad, que han encontrado un espacio para expresar sus preocupaciones en las marchas verdes y amarillas, el Partido de los Trabajadores destruyó Brasil dando dinero fácil a los pobres perezosos y lo inundó con la corrupción — ambos son algunos de los carteles que se encuentran en sus marchas.

A menudo también argumentan que “los únicos criminales buenos son los que están muertos,” y que el número de policías — vergonzosamente conocidos por ser de los más violentos del mundo, responsables de miles de muertes cada año — debe aumentarse para proteger a los “buenos ciudadanos.”  Signos de advertencia contra la “amenaza comunista” pueden encontrarse regularmente en las manifestaciones a favor de la destitución. Otras consignas racistas, misóginas y fascistas también se observan en varias ocasiones en las marchas descritas por The Guardian como eventos familiares “de buen humor.” La cobertura del New York Times de la misma marcha “carnavalesca” reconoció los discursos violentos — que incluían un llamado para que la presidenta “se suicidase” y regresase el gobierno militar — pero retrató esos discursos como excepcionales.

Esperanza, pero no garantía

El 13 de agosto, pocos días antes de las dos manifestaciones nacionales más recientes a favor y en contra de la destitución, 100.000 mujeres campesinas junto a la Coalición Nacional de los Trabajadores de la Agricultura y otros 12 movimientos asociados organizaron su quinta manifestación anual en Brasilia sin contar con cobertura en los principales medios de comunicación. Durante el evento — llamado “La marcha de Margarida,” como un homenaje a Margarida Maria Alves, ex activista sindical asesinada en 1983 por un cacique en la región norte del país — los movimientos sociales manifestaron su apoyo a la presidenta Rousseff y el Partido de los Trabajadores, en la medida que se estaba impulsando su propia agenda.

En particular, activistas de derechos humanos se han asustado con la ola conservadora en el Congreso, que — impulsada por los lobbies de armas y seguridad privada — han estado trabajando duro para garantizar que su agenda consiga prioridad en el gobierno. Los movimientos sociales y activistas han estado buscando constantemente maneras más creativas de involucrar a la población mediante la construcción de narrativas que apunten a posibles maneras de salir de la crisis actual, demandando una cultura de la solidaridad y apoyo colectivo. Festivales de arte y cultura también han sido organizados por los movimientos sociales que han hecho salir a decenas de miles de personas en ciudades de todo el país, como se ha visto en las últimas semanas, con poca o ninguna cobertura en los medios de comunicación del país.

El 13 de agosto, por primera vez desde que la presidenta Rousseff comenzó su segundo mandato, tuvo una reunión abierta con los dirigentes de diversos movimientos sociales. La reunión fue parte de un esfuerzo para ampliar el diálogo con los movimientos sociales, que expresaron su descontento con la falta de comunicación con la presidenta. Los movimientos quieren el programa que se les prometió durante su campaña. “Fue esa agenda la que hemos elegido,” dijo Alexandre Conceição, uno de los coordinadores del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra cuando se dirigió a la presidenta durante la reunión. “Las políticas de ajuste actuales que han sido presentadas por su gobierno no son lo que hemos votado a favor. Este programa económico es neoliberal.”

Vagner Freitas, presidente de la Coalición del Sindicato de Trabajadores, o CUT, la mayor confederación de sindicatos del país, fue enfático en que la única forma para que la economía se recuperare es mediante la ampliación de la asistencia social. “El ajuste fiscal debería reducir los impuestos de los pobres y aumentar los de los más ricos,” dijo, cuando se dirigió a la presidenta. “Las personas en esta sala son las que tienen el poder de transformar este país; el mercado no es el que va a garantizar la gobernabilidad.”

El presidente de la Coalición Nacional de Estudiantes, o UNE, Carina Vitral, expresó la preocupación de los movimientos con la ley antiterrorista aprobada recientemente, que — entre otras cosas — legaliza encarcelar a personas por “bloquear el tráfico” en las calles. Eleonice Sacramento, un representante de la Coalición Nacional de Pescadoras Artesanales habló por la protección de las comunidades tradicionales, incluídos los grupos indígenas y sus territorios, el conocimiento y la cultura. Ellos están siendo cada vez mas atacados por las industrias agroalimentarias y mineras, lo que supone un aumento significativo de los conflictos por la tierra en el norte de Brasil.

“Las personas que están pidiendo la destitución no representan al pueblo brasileño,” dijo Guilherme Boulos, el coordinador del Movimiento de los Trabajadores sin Techo, que ha sido responsable de algunas de las mayores protestas desde 2013 basándose en las ocupaciones de tierras baldías y edificios organizadas en las zonas urbanas. “Los pobres no pagarán por la crisis económica.” Luego hizo un llamado por la tributación del 1 por ciento y advirtió a la presidenta Rousseff que la única manera de salir de la crisis es “a través de la izquierda.”

¿Qué se viene?

El 20 de agosto, como respuesta a las protestas a favor de la destitución, más de dos docenas de movimientos sociales salieron a las calles de nuevo. Los organizadores de la marcha estimaron que más de 100.000 personas participaron en manifestaciones en una docena de ciudades. São Paulo presenció la manifestación más grande, con aproximadamente 60.000 personas en las calles. En contraste con la Marcha de la Margarida de la semana anterior, estas acciones no se unificaron en torno a la presidenta. Incluso la UNE, a la que a menudo se la acusa de defender ciegamente gobierno del Partido de los Trabajadores, expresó: “Hemos venido aquí para decir que este gobierno tiene que estar más conectado con la gente y no estamos de acuerdo con los ajustes que dieron lugar a recortes en el presupuesto de la educación,” señaló Vitral en su discurso durante la protesta.

Además de los movimientos más grandes que llevaron estas manifestaciones, grupos comunitarios más pequeños se unieron a las marchas. En São Paulo, un grupo de Osasco en escena un espectáculo de llamar la atención sobre la violencia policial persistente, que dejó 18 muertos el 13 de agosto en otra masacre llevada a cabo por agentes de la policía en las afueras de la capital del estado.

Adriana Magalhães, portavoz de prensa de la CUT en São Paulo, describe la organización de las manifestaciones del 20 de agosto como un ejercicio para encontrar la unidad entre los grupos con diferentes puntos de vista en una entrevista recién creada de la red de periodistas independientes Jornalistas Livres. “Lo que nos une es la idea de que otra política económica es posible, una que no afecte negativamente a los trabajadores, como las políticas de ajuste propuestas por el ministro Levy,” explicó. Levy, actual ministro de Finanzas, fue el presidente del segundo banco privado más grande de Brasil antes de unirse al gobierno, y que había sido blanco de los movimientos sociales.

Si bien los reclamos de corrupción procedentes de la investigación de Lava Jato siguen dominando los medios de comunicación, es poco probable que lleven a la destitución de la presidenta ya que 28 de los 32 partidos políticos en Brasil recibieron fondos de corporaciones acusadas de corrupción en este caso, incluyendo los principales partidos de la oposición de la derecha.

En este punto, la gran pregunta para la izquierda es cómo sumar en torno a un proyecto democrático que está orientado hacia la justicia social y la distribución razonable de la riqueza en un país que está dividido por el prejuicio, el elitismo y el racismo — además de enfrentar la corrupción sistémica alimentada por intereses privados de las corporaciones.

Una Conferencia Nacional de los Pueblos, convocada por los movimientos sociales, partidos y activistas independientes de izquierdas, se llevará a cabo en Belo Horizonte el 5 de septiembre. La conferencia pretende ser el lanzamiento nacional de un frente de izquierdas para construir una agenda positiva que contrarreste a los movimientos de derecha, de acuerdo con un comunicado de prensa anunciando el evento.

La realidad es que nadie parece tener la respuesta. Mientras que los artistas, activistas y otros progresistas siguen buscando maneras creativas para resolver el rompecabezas actual, la naturaleza cuasi esquizofrénica de la actual coalición de gobierno — que pretende gobernar para los menos privilegiados, pero sigue facilitando beneficios sin precedentes para los bancos y otros poderes corporativos — no está haciendo que esto sea una tarea fácil.

Como el mundo está siendo testigo, hay un montón de gente en las calles de Brasil en este momento, pero no hay unidad en torno a lo que quieren. Si Rousseff no se compromete seriamente con la izquierda — que garantizó su reelección — en última instancia, será más vulnerable a las maniobras de destitución del Congreso más conservador en la historia reciente de Brasil.